Más de 40.00 personas se han manifestado en Sevilla. Sindicatos como CGT, USTEA, SAT (Sindicato Andaluz de Trabajadores) y CSIF, junto a decenas de organizaciones convocaron para frenar el enchufismo en la Junta de Andalucía. CC.OO, UGT, IU y PSOE, obviamente, no convocaron.
Miles de personas, unas 50.000 según los organizadores, se han manifestado este sábado en la capital andaluza contra el decreto ley de reordenación del sector público y han pedido su «derogación inmediata» al entender que se trata de una norma «impuesta e inconstitucional». Esta protesta ha sido convocada por un total de 14 organizaciones entre sindicatos y plataformas de empleados públicos.
En declaraciones a los medios de comunicación al inicio de la marcha –que ha partido de la sede del Gobierno andaluz en el Palacio de San Telmo y ha terminado en el Parlamento de Andalucía–, la responsable de Administración autonómica de CSI-F, Alicia Martos, ha señalado que el motivo de esta protesta es «volver a decir, como lo llevamos diciendo desde hace seis meses, que este decreto es una norma impuesta, inconstitucional e ilegal que propicia la falta de independencia de la Administración pública».
Según ha insistido Martos, el decreto de reordenación del sector público «vacía a los andaluces de un derecho patrimonial que debe estar en sus manos, como es el de una Administración pública independiente, imparcial y eficaz». Por ello, pretenden que «todos los políticos tomen nota y sean conscientes de este grado de disconformidad totalmente generalizado de los empleados públicos andaluces».
Además, la portavoz de CSI-F ha aclarado que esta movilización de los empleados públicos «no es para pedir más dinero o mejores condiciones laborales», ya que lo que desean es que «se cumpla la constitución y que todos los empleados públicos presten servicio a los ciudadanos con objetividad y eficiencia». «Y si el presidente de la Junta de Andalucía –José Antonio Griñán– no lo entiende es porque, o hace oídos sordos desde hace muchos meses, o porque sencillamente tiene una ceguera a propósito», apostilla.
También la portavoz de la Plataforma de Empleados Públicos de Andalucía (PEPA), Auxiliadora Honorato, ha manifestado el «rechazo absoluto» a este decreto por parte de los trabajadores a los que representa. Sobre todo, recalca, porque con la reordenación que prevé aprobar el Parlamento «el servicio público dejará de prestarse en el ámbito del derecho administrativo con las garantías de objetividad, imparcialidad e igualdad de acceso que eso supone y pasará a prestarse en el ámbito de las Agencias, donde lo que impera es el derecho privado».
Al respecto, Honorato ha lamentado que «dentro de las Agencias no se podrá garantizar la gratuidad del servicio público porque el propio decreto dice que éstas tienen que rentabilizar sus costes, lo que significa que los ciudadanos van a tener que pagar más por los mismo servicios».
Por su parte, la secretaria de Acción Sindical de Ustea, Rocío Luna, ha querido destacar que este decreto «es una pérdida de derecho no sólo para los empleados públicos, que también, sino para todos los ciudadanos». De ahí que haya insistido en que esta norma «es una pérdida de derechos» porque, en su opinión, «pone a la Administración en manos de quien gobierne». Para evitarlo, ha recomendado a los responsables del Gobierno andaluz que hagan como en las comunidades de Extremadura, Navarra o Castilla La Mancha, «donde no han mezclado en la vida empresas públicas con la Administración general». «No se puede mezclar unos trabajadores con otros ni se le puede dar potestad administrativa a quien no la tiene por ley, ni por la Constitución», ha concluido.
MANIFIESTO EN EL PARLAMENTO
Tras llegar al final de la manifestación, en el Parlamento de Andalucía, se ha dado lectura a un manifiesto conjunto de las 14 organizaciones convocantes: CSIF-A, CGT-A, USO, Ustea, SAT, Safja, Plataforma de Empleados Públicos (PEPA), Plataforma de Opositores y Funcionarios de la Junta de Andalucía, Asociación El Tercer Lado, Plataforma de Enseñanza Pública de Andalucía, Asociación de Agentes de Medio Ambiente de Andalucía, Asociación de Profesores de Instituto de Andalucía (APIA), Asociación Piensa-Volens y ‘Defiendo mi derecho y la gestión pública’.
Así, han querido manifestar, en primer lugar, que con este decreto «se ataca a la ciudadanía, que pierde, en el tratamiento de los procedimientos administrativos, garantías de transparencia, imparcialidad y objetividad» y, en segundo lugar, que se «ataca a quienes opositan y optan legítimamente a su derecho de acceso al empleo público bajo los principios de Igualdad, mérito, capacidad y publicidad». Por último, han señalado a los trabajadores del sector público andaluz como los otros «atacados», ya que «se limita su movilidad geográfica y promoción».
Por todo ello, recalcan, se oponen a «un modelo de reordenación que legalice situaciones irregulares» y rechazan las Agencias «o cualquier otra fórmula de administración paralela o de gestión privada». «Queremos un modelo de reordenación en el que las potestades públicas sean ejercidas de forma independiente y en defensa del interés general, con objetividad e imparcialidad, por funcionarios públicos», explican.
De no conseguirlo, las 14 organizaciones convocantes están dispuestas a «seguir en la lucha». «La esperanza nunca se pierde y queremos que, con el día de hoy, todos los grupos políticos se den cuenta de que esto es una gran irresponsabilidad», ha señalado Martos, de CSI-F.
ep
Una multitud de funcionarios sale a la calle en Andalucía
Público
En un clima de hartazgo e indignación, una multitud se echó este sábado a la calle en Sevilla para exigir a José Antonio Griñán que frene su reforma del sector público andaluz y la empiece de cero. El decreto de julio encendió un descontento que la Junta no ha logrado apagar ni con su acuerdo con CCOO y UGT, ni con su nuevo decreto de diciembre, ni con la tramitación parlamentaria en curso. Decenas de miles de personas -la mayoría trabajadores públicos y opositores- se manifestaron en su segunda exhibición de rechazo a la reforma, tras la de noviembre.
José María Herrera, portavoz de la Plataforma de Empleados Públicos (PEPA), cifró «entre 70.000 y 80.000» los asistentes, algo que hasta los entusiastas veían exagerado. El sindicato CSIF, una de las 14 asociaciones convocantes, dejó la cifra en 50.000. Policía local y nacional señalaron a Europa Press que habían sido «entre 7.500 y 8.000». No obstante, agentes que seguían la marcha a pie afirmaron haber visto «pocas manifestaciones así» y daban por buena una cifra superior a 20.000. Datos aparte, la manifestación ofreció esas imágenes masivas de calles atestadas de gente bajo un abigarrado mar de banderas que convierten en un éxito innegable toda protesta. Y eso sin el apoyo de CCOO y UGT.
La idea de que la reforma generará «enchufismo» ha calado muy hondo
Hizo frío, pero lució el sol. Encabezada por un cartel que rezaba «Por un sector público de calidad, no a la privatización», la marcha arrancó en el Palacio de San Telmo a mediodía y se disolvió frisando las tres de la tarde junto al Parlamento. Lola Rodríguez, portavoz de la Plataforma de Opositores y Funcionarios, leyó allí el manifiesto consensuado, que exigía «derogar los decretos 5 y 6 de 2010 y paralizar el actual trámite parlamentario, que consideramos un mal clon». «No queremos -añadía- que se fomente la administración vertical con intereses partidistas y que, a golpe de ordeno y mando, de arriba a abajo, se presione a los empleados públicos, despojados de herramientas jurídicas para ejecutar su imparcialidad».
Incertidumbre
Según los sindicatos (CSIF, Ustea, Safja, SAT, USO…), la reforma genera incertidumbre, opacidad y discrecionalidad; compromete la independencia del trabajador, sometido a cargos medios y altos designados por criterios ajenos al mérito y la capacidad; abre la puerta a una confusión entre funcionarios y empleados sin oposición; abona el camino a la privatización… La palabra «enchufismo» circulaba por doquier. Muchos admitían que el decreto ha sido el detonante, pero que el cabreo de la mayoría viene de atrás y no es ajeno ni al recorte de sueldo ni al deterioro general del tejido público. «Pumba, pumba, pumba, el cortijo se derrumba», fue uno de los cánticos más coreados.
Los manifestantes quieren paralizar también el trámite parlamentario
Las agencias públicas estaban en el centro de todas las críticas. «Esto mete a unos recién llegados en el mismo bombo que a nosotros. ¿Y por qué lo negocian con CCOO y UGT, que no son más del 30% aquí. Se tenía que haber visto en la mesa sectorial», protestaba Carlos, de 40 años, funcionario en la Consejería de Turismo, que presumía de saberse el decreto al dedillo. Un veterano empleado público de Córdoba, que prefería no dar su nombre, protestaba: «Me van a pasar de fijo a indefinido». Pero eso no lo dice el decreto. «No lo he leído» admitía, antes de empezar a porfiar de repente contra «los políticos corruptos».
María Teresa, de 53 años, no se manifestó cuando le bajaron el sueldo porque, como mujer de izquierdas, creía que le tocaba «arrimar el hombro». ¿Qué pierde ahora con el decreto? «Yo nada. Soy funcionaria de Empleo en Granada con doble adscripción y puedo volver a depender del Estado. Es por el deterioro del servicio. Queremos independencia y no depender de los niñatos Loreal, enchufados porque ellos lo valen», explica. «Yo soy director de una oficina de empleo en Dos Hermanas», cuenta Pedro Javier Rebollo, de 48 años y liberado sindical de CSIF. «El próximo director entrará sin oposiciones», pronosticaba. Y añadía: «Respecto a que estamos con el PP, digo bien claro el PP ha sido el partido que peor ha tratado a los funcionarios».
Enrique Ogallas, de 41 años, asesor de microinformática en Córdoba, afirmaba: «Mis posibilidades de promoción se han ido por el desagüe. Cuando coloquen a todos los amigos del PSOE, no quedará tarta para nadie».
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